MEDICINA Y ESTADO: Una entrevista al Dr. Thomas Szaz publicada en “El Humanista”

II

K: Pero la salud y el bienestar son puntos básicos en la Constitución.

S: [...] La respuesta norteamericana clásica a este dilema consistió en creer que para promover una verdadera religión (no la verdadera religión) había que promover la libertad religiosa y oponerse a una religión estatal, a un monopolio religioso, por así decirlo. El concepto básico de la libertad política norteamericana se arraiga así en la idea de que, como las iglesias establecidas solían amenazar el pluralismo, la diversidad y la libertad personal el Estado debía garantizar la imposibilidad de que cualquier iglesia usase el poder del Estado para imponer sus criterios a cualquiera que se opusiera a ello. Este es el problema esencial al que nos enfrentamos ahora con respecto a la Medicina. Por lo cual mi criterio no implica que toda forma de práctica médica sea tan buena como cualquier otra, así como el hecho de defender la tolerancia religiosa no implica que uno piense que cualquier sistema de creencias y prácticas religiosas sea tan bueno como cualquier otro.

K: Entonces vd. piensa que la Medicina es una especie de religión y que debería ser pluralista, sin que el Estado determine qué punto de vista debe prevalecer. [...] ¿Habría entonces corporaciones profesionales? ¿Habría cualquier tipo de normas, o pautas de práctica y terapia correctas?

S: Naturalmente, podría haberlas y debería haberlas, como ya existen en otras profesiones, como la matemática. Si IBM quiere contratar a un matemático, no recurre al Estado para determinar su capacitación. Pero sí sabe que el hombre tiene un doctorado en Harvard o en el MIT. O la compañía puede sentar sus propias pautas y validar por sí misma las capacidades del solicitante.

K: ¿Mantiene vd. Entonces que el Estado no debería dar diplomas a los médicos?

S: Desde luego que no. El diploma de los médicos es el símbolo de lo que estoy mencionando. Es como si el Estado diese diplomas a sacerdotes católicos para ejercer su ministerio, prohibiendo a todos los demás clérigos la práctica de la religión porque carecen de título. [...] La idea de que dar diplomas a los médicos protege al público es una de las falsedades actuales aceptadas con menos sentido crítico. [...] Supongamos que un profesor de medicina o de cirugía de la Universidad de Londres viniese a N. York. ¿Podría practicar la medicina?
[...]

K: No sin aprobar primero los exámenes del consejo médico del Estado.

S: Exactamente. ¿Y se hace eso para proteger al público? Lo dudo. Concedo, desde luego, que los exámenes de licenciatura pueden, entre otras cosa, proteger también al público. Pero insisto en que su función primordial es proteger a los médicos, a la profesión médica, de una competencia excesiva. En resumen, el diploma médico es una manera de preservar una tienda cerrada para los médicos, creando así una escasez artificial de médicos. Y todo el asunto ha logrado insinuarse con éxito en la mente del público norteamericano como algo que va a favor suyo.

K: Entonces ¿cómo debería protegerse al público? ¿Acaso no necesita protección de médicos incompetentes?

S: Oh, estoy de acuerdo en que las personas necesitan protección, pero no sólo ante médicos malos, estúpidos, ineptos, codiciosos, o malignos; necesitan también protección ante malos padres y malos hijos, malos esposos y malas esposas, suegras, burócratas, profesores, políticos… la lista es interminable. Y además, desde luego, necesitarán protección contra los protectores. Con lo cuál, la pregunta de cómo debería protegerse a la gente de médicos incompetentes forma en realidad parte de la cuestión más amplia de cómo podría protegerse a las personas de los incontables azares de la vida. Este es un problema muy complicado para el que no existen soluciones sencillas. La primera medida de protección para el público radica, a mi entender, en la auto-protección. Las personas deben crecer y aprender a protegerse a sí mismas, o sufrir las consecuencias. No puede haber libertad sin riesgo y responsabilidad. En términos más específicos, el público podría atender a la institución donde se graduó el médico y poner en marcha todo tipo de mecanismos verificadores no oficiales, una especie de oficina de consumidores. Las posibilidades de comprobación no gubernamental sobre competencia son inmensas. El problema es que hoy a nadie le interesa siquiera pensar en esa posibilidad.